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Relación de consumo

“Que el vínculo que une al que contrata o usa el servicio y el concesionario de la misma, es una relación de consumo. Quien paga el peaje, como quien usa de la ruta para los fines del tránsito como acompañante, son consumidores en la medida en que reúnan los requisitos de los arts. 1 y 2 ley 24240. Por otra parte, las concesiones viales conforman un servicio público al que le son aplicables las normas de la ley 24240 (arts. 1 y 2). La fuente de esta relación jurídica puede ser un contrato o actos unilaterales o bien hechos jurídicos, que vinculen a los sujetos antes mencionados, lo cual es claramente diferente del vínculo que une a la concesionaria con el Estado”. (CSJN, marzo 21-2006, “Ferreyra, Víctor D. y otro v. VICOV S.A.”, JA 7/6/2006).
“Cabe considerar también el derecho a la seguridad previsto en el art. 42 CN., que se refiere a la relación de consumo, que abarca no sólo a los contratos, sino a los actos unilaterales como la oferta a sujetos indeterminados, que es precisamente el caso que se presenta en autos. De tal modo, la seguridad debe ser garantizada en el período precontractual y en las situaciones de riesgo creadas por los comportamientos unilaterales, respecto de sujetos no contratantes. Cada norma debe ser interpretada conforme a su época, y en este sentido, cuando ocurre un evento dañoso en un espectáculo masivo, en un aeropuerto, o en un supermercado, será difícil discriminar entre quiénes compraron y quiénes no lo hicieron, o entre quiénes estaban adentro del lugar, en la entrada, o en los pasos previos. Por esta razón es que el deber de indemnidad abarca toda la relación de consumo, incluyendo hechos jurídicos, actos unilaterales, o bilaterales” (CSJN, marzo 6-2007, “Mosca, Hugo A. v. Provincia de Buenos Aires y otros”, JA 2007-II-483).
“Sin embargo, cabe señalar que el hecho de que nos encontramos en un supuesto de vulneración a los intereses económicos de un consumidor, donde debe tenerse como norte su tutela a los efectos de superar la debilidad estructural de éste, no puede erigirse en fundamento suficiente para la dominación de los débiles y profanos estructurales sobre los fuertes y expertos” (C. 1ª Civ. y Com. Mar del Plata, sala II, 29/11/2001, "Suárez, Miguel A. v. General Motors de Argentina y otros", LLBA. 2002-340).
 “Ahora bien, del conjunto de disposiciones que contiene la ley, se desenvuelven las diferentes notas que deben necesariamente caracterizar el derecho del consumidor como sistema, esto es, incorpora normas portadoras de soluciones: 1) de protección; 2) específicas; 3) preventivas; 4) colectivas; y 5) efectivas. De manera primordial, su articulado es de protección y defensa, pues el legislador parte del supuesto de la debilidad de los consumidores en las relaciones con los empresarios. Una debilidad motivada en desigualdades reales que lo colocan naturalmente en una posición de desequilibrio (en el poder de negociación, en la inequivalencia del contenido del contrato, derechos y obligaciones recíprocas) y esencialmente en una desinformación del consumidor en torno al objeto de la relación (ver Stiglitz, "Defensa de los consumidores de productos y servicios", p. 31; Farina, Juan M., "Defensa del consumidor y usuario", ps. 30/31). Como lo ha señalado el Dr. Galdós ("Responsabilidad civil por daños al consumidor" en "Código Civil y Comercial" de Bueres y Highton, t. 3 "B", p. 296) al decir, que el consumidor integra la categoría de los débiles jurídicos en el marco de la sociedad contemporánea posmoderna y globalizada, notablemente influenciada en sus relaciones jurídicas por la economía de mercado. Los consumidores, aunque cuantitativamente mayoritarios, ya que "todos somos consumidores", constituyen una minoría cualitativa por su vulnerabilidad e inferioridad técnica, fáctica y jurídica frente al poder de las empresas especialmente las megaempresas, prestadoras y productoras de bienes y servicios” (C. 1ª Civ. y Com. La Plata, sala III, 29/3/2007, "Hernández, Daniel O. v. Ancona S.A. y otro").
“Señala Antonio J. Rinessi ("Caracterización y protección del consumidor", en LL 1996-E-1264) que "El contenido del derecho del consumidor es la relación jurídica de consumo (hecho o acto jurídico) practicado por un profesional y un no profesional o consumidor. Como no existe una categoría homogénea, particular, universal bien individualizada de consumidores, se dice que el derecho del consumidor se aplica más propiamente a relaciones jurídicas de consumo que a una categoría especial y única de individuos"; para luego agregar que la norma constitucional amplía el área de protección y por lo tanto la relación de consumo no se agota en el consumidor final, sino que se extiende a todas aquellas relaciones en que, aun no habiendo recibido de la ley las denominaciones de proveedor y consumidor o usuario, se dan por sus características de constituir una relación entre un profesional y un profano, o entre el que tiene poder o profesionalidad y el que no la tiene”. (C. 1ª Civ. y Com. La Plata, sala III, 29/3/2007, "Hernández, Daniel O. v. Ancona S.A. y otro").
“La doctrina más reciente entiende que las discriminaciones entre casos de responsabilidad contractual (la del fabricante-vendedor respecto del adquirente directo) y extracontractual (la del fabricante por daños causados a consumidores que no son adquirentes directos, la del fabricante por daños causados a terceros no adquirentes) han perdido vigencia, en el marco de un sistema protectorio articulado a partir del art. 40 , ley 24240, que atribuye responsabilidad en toda la cadena de producción con base en la existencia de una relación de consumo” (C. Nac. Civ., sala H, 8/10/2007, “Bernia, Alfredo v. Massalin Particulares S.A.”, SJA 26/12/2007).
“Que la reforma de 1994 incorporó a la Constitución Nacional la idea de relación de consumo, pues bien, cuando la entidad bancaria actúe como generadora de una relación de consumo, aunque no exista un contrato de consumo, el banco quedará comprendido dentro del ámbito del derecho del consumidor, por ejemplo, cuando publicita o hace una oferta” (C.Civ. Com. Minas Paz y Trib. Mendoza, sala 1ª, noviembre 19-2007, “Herrera, Magdalena F. v. Erogas Distribuidora de Gas Cuyana S.A.”, Lexis Nexis On Line, Nº 35020573).
“La normativa general prevista en los Códigos Civil y de Comercio sufre excepciones importantes cuando el contrato tiene por objeto una relación de consumo encuadrable en la Ley 24.240. Las normas de esta ley son correctoras, complementarias o integradoras para el supuesto especial de tener que aplicarse al contrato para consumo, y no sustitutivas de la regulación general contenida en los códigos y demás legislación vigente. Concretamente, esta ley no contiene una regulación completa de los actos que puedan dar nacimiento a un contrato para consumo según sus previsiones, sino que trata de corregir y evitar los abusos a que podría dar lugar la aplicación de la legislación ordinaria general preexistente en perjuicio de quien actúa como consumidor, pues es la parte estructuralmente más débil en las relaciones de consumo (Belluscio-Zannoni, Código Civil y Leyes Complementarias, t. 8, Defensa del Consumidor y Usuario, Ed. Astrea, Bs. As., 2001, p. 880)” (C. Civ. y Com. Lomas de Zamora, 21/2/2008, “Mercurio, Cosme Gregorio v. Organización Sur Automotores S.A. y otro s/ sustitución y daños”, Lexis N° 35022069).
“Debe aclararse además que en el sub-caso, la protección del actor, no deriva del incumplimiento de un contrato de compraventa, sino de la afectación provocada en su calidad de consumidor, "en la relación de consumo", situación contemplada por la Carta Magna Nacional en su art. 42. Al respecto Rinessi con cita de Farina expresa "¿por qué relación de consumo y no contrato de consumo?... el texto constitucional adopta esta expresión no porque dude de la existencia de un contrato, toda vez que hay una oferta y una aceptación, sino para referirse, con una visión más amplia, a todas las circunstancias que rodean, se refieren o constituyen un antecedente, o son una consecuencia de la actividad encaminada a satisfacer la demanda de bienes y servicios para destino final de consumidores y usuarios" (Rinessi Antonio Juan, "Relación de Consumo y Derechos del Consumidor", Astrea, p. 23; Farina Juan M., "Relación de Consumo (a propósito del art. 42 de la Constitución Nacional)", JA-1995-I-887)” (Juzg. 1ª Inst. Civ. y Com., Federación, 18/3/2008, “Miñones, Roberto Osvaldo v. Electrónica Megatone S.A. y otro”, LLLitoral 2008 (junio), 561).
“Lo dicho reviste importancia por cuanto el origen del deber de reparar no está dado por el incumplimiento de un contrato, sino de una situación más compleja como es violar los deberes resultantes de la relación de consumo. Expresa Osvaldo Alfredo Gozaíni que se "debe dispensar una tutela especial a la confianza del consumidor, en razón de la complejidad del tráfico que hace exigible la protección responsable del consumidor (art. 42 ley 24.240) y la confianza como principio de contenido ético impone a los operadores un inexcusable deber de honrar las expectativas" (CNCom., sala B, 28/12/2000, "Multidiseño SA y otro c. BBV Banco Francés SA" Lexis N° 1/500051, íd., 12/9/2000, "Derderián Carlos c. Citibank NA" JA, 2003-II-450; íd, 1/4/2003, "Cova Rodolfo J. c. Banco Caja de Ahorro SA" JA, 2003/III/819 en GOZAINI, Osvaldo Alfredo; "Protección Procesal del Usuario y Consumidor" Rubinzal, p. 20)” (Juzg. 1ª Inst. Civ. y Com., Federación, 18/3/2008, “Miñones, Roberto Osvaldo v. Electrónica Megatone S.A. y otro”, LLLitoral 2008 (junio), 561).
“Hay que tener presente que el consumidor llega al producto luego que se convence de su necesidad. Necesidad que deriva probablemente de cuestiones personales, pero además por ser la consecuencia de la publicidad y otros medios de inducción utilizados por la modernas empresas proveedoras de bienes de consumo masivo. La adquisición de bienes por impulso o moda, lleva a considerar casi de indispensable uso lo que ayer eran lujos o excentricidades. Quienes provocan este cambio de conducta en los ciudadanos, creando las "normas sociales de consumo" (Stiglitz y Stiglitz, "Derechos y Defensa del Consumidor", La Rocca, p. 22 y ss.), deben responsabilizarse de los daños que ocasiona la insatisfacción vivencial de quienes inducidos por estas técnicas comerciales ven frustradas sus expectativas consumeriles por la inadecuada provisión del ansiado producto” (Juzg. 1ª Inst. Civ. y Com., Federación, 18/3/2008, “Miñones, Roberto Osvaldo v. Electrónica Megatone S.A. y otro”, LLLitoral 2008 (junio), 561).


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