Jurisprudencia Aplicable

Inicio

Normativa

El consumo

Fabricante

Producto

Tipo de producto

Servicios

Responsabilidad

El juicio

Contacto
fondo
Aerosol
Agroquímicos
Alimentos
Automotores
Armas de Fuego
Bicicleta
Botella
Detergentes
Electrónicos
Factor VIII y IX
Gaseosa
Gasógeno
Maquinaria
Marcapasos
Materiales de construcción
Medicamentos
Motocicleta
Neumáticos
Preservativo
Productos veterinarios
Prótesis
Prótesis mamarias
Semillas
Tabaco - Cigarrillos
Tintura
Vino
fondofin

Alimentos

“Juzgo que la actuación ha sido bien dirigida contra el Club Italiano, y que en este y no los concesionarios del bar y restaurante quien debe responder por el reclamo formulado por el accionante. Es exacto que el contrato que vincula al club con el concesionario del buffet no revela la existencia de una relación de dependencia típica en los términos del art. 1113 CCiv., pero a pesar de ello entiendo que frente a un hecho como el sucedido en el local social y habida cuenta de las particularidades que presenta el caso en examen, aquél no puede eludir responsabilidad para descargarla en dichos concesionarios” (C. Nac. Civ., sala C, 26/4/1956, "Sánchez, Cesáreo R. y otro v. Club Italiano", LL 83-410).
“Resulta indudable a mi modo de ver, que el demandado era el responsable de cualquier hecho que por su acción y omisión se tradujera en algún perjuicio, de cualquier naturaleza, para los concurrentes a dicha cena, que fue servida por el concesionario por orden y cuenta exclusiva del club” (C. Nac. Civ., sala C, 26/4/1956, "Sánchez, Cesáreo R. y otro v. Club Italiano", LL 83-410).
“El análisis del laboratorio Dessy consigna que en la crema pastelera y en la crema a la manteca –los ingredientes utilizados en el postre servido en la cena del 14 de junio de 1951- la fermentación observada se ha provocado por un microbio (coco-gran-positivo-acidificante). Por su parte el laboratorio Pasteur informó “que las muestras remitidas (crema, bizcochuelo y licor) fueron sembrados sobre distintos medios selectivos y entre los microorganismos desarrollados se hizo presente un germen patógeno que hemos identificado como «Staphylococcus aureas»“ (C. Nac. Civ., sala C, 26/4/1956, "Sánchez, Cesáreo R. y otro v. Club Italiano", LL 83-410).
“No era necesario que los alimentos estuvieran en descomposición – lo que nadie ha sostenido por otra parte – para provocar una intoxicación de tipo gastrointestinal con sus complicaciones visibles, pues bastaba para ello que los alimentos contuvieran gérmenes patógenos, como efectivamente ocurrió” (C. Nac. Civ., sala C, 26/4/1956, "Sánchez, Cesáreo R. y otro v. Club Italiano", LL 83-410).
“Corrobora lo expuesto la circunstancia de que no solo la esposa del actor sufrió las consecuencias de la intoxicación. Otras muchas más, en efecto, exteriorizaron de inmediato los síntomas propios de ésta, no obstante lo cual el club demandado insiste en subestimar este hecho, pero lo cierto es que ante el comentario general y las denuncias recibidas, se procedió a intervenir el restaurante a primera hora del día 15 y se enviaron muestras para su análisis” (C. Nac. Civ., sala C, 26/4/1956, "Sánchez, Cesáreo R. y otro v. Club Italiano", LL 83-410).
“Dentro de la lógica de los hechos y de su normal apreciación es dable presumir, en principio, la relación de causalidad alegada en la demanda, desde que el caso de la señora de Sánchez no fue único y aislado, sino la repetición de otros ocurridos en la misma madrugada del día 15, o sea cuando los concurrentes se retiraron a descansar después de la fiesta” (C. Nac. Civ., sala C, 26/4/1956, "Sánchez, Cesáreo R. y otro v. Club Italiano", LL 83-410).
“Se desprende de las constancias acumuladas en autos, sin lugar a dudas, que el deceso del doctor Demaría se produjo a raíz de haber ingerido el 4 de junio de 1957, a las 21, en el restaurante “Abruzzese”, sito en la calle 42, esquina 3 de La Plata, propiedad de los demandados Pascual y Jose Bocarella, comidas confeccionadas con pimientos morrones en conseva que contenían toxina botulítica” (C. Civ y Com, La Plata, 9/7/1965, "Demaría, A. M. v. Restaurante Abruzzese y otro", JA 1965-V-120 y LL 119-383).
“A ello se le une la fuerte presuncion derivada de que todas las victimas de la epidemia botulínica comieron en ese restaurante entre el 1 y l 6 de junio de 1057 (art. 236, Cód. de Proced.), incluyéndose pimientos morrones en platos que les fueron servidos” (C. Civ y Com, La Plata, 9/7/1965, "Demaría, A. M. v. Restaurante Abruzzese y otro", JA 1965-V-120 y LL 119-383).
“Poco después de producirse la epidemia se secuestró en la heladera del restaurante “Abruzzese” una cacerola en mal estado de higiene en la que estaban depositados morrones sobrantes que contenían toxina botulínica tipo A altamente mortal para los seres humanos. Además se halló en el establecimiento una lata de morrones marca “El Sonseado”, no abierta aún, que mostraba signos de hinchazón, u en cuyo contenido se descubrió igualmente la toxina botulínica del mismo tipo” (C. Civ y Com, La Plata, 9/7/1965, "Demaría, A. M. v. Restaurante Abruzzese y otro", JA 1965-V-120 y LL 119-383).
“En su bien fundado dictamen […] los doctores Danilo C y Martín Vucetich llegaron a la conclusión de que los morrones causantes del daño no se contaminaron en la cacerola por desidia o por la suciedad que mostraba […] ‘solo es aceptable la hipótesis de que esa toxina llegó a la cacerola preformada en un envase de conserva de morrones’. (C. Civ y Com, La Plata, 9/7/1965, "Demaría, A. M. v. Restaurante Abruzzese y otro", JA 1965-V-120 y LL 119-383).
“Faltaria establecer […] so la Lara, producto de la intoxicación, tenía signos que evidenciaran una alteración del producto: hinchazón, gases, mal sabor, etc., que hubieren conducido a un uso indebido de esos morrones por parte de los comerciante. No lo sabremos jamás con certeza. […] Lo dicho tendria confirmación en el hecho de que la laya tóxica secuestrada en el restaurante, si bien presentaba hinchazón, su contenido de morrones era de aspecto y olor aparentemente normal” (C. Civ y Com, La Plata, 9/7/1965, "Demaría, A. M. v. Restaurante Abruzzese y otro", JA 1965-V-120 y LL 119-383).
Cabe señalar, ante todo, que en la especie se ventila un caso de responsabiildad contractual. En la noche del 4 de junio de 1057, el doctor Carlos T. Demaría se obligó a pagar una suma de dinero a fin de que, en el restaurante “Abrizzese”, los hermanos Pascual y José Boccabella le suministraran una comida adecuada. Las partes se vincularon así por un contrato innominado (asts. 1137 y 1143 y conos., Cód Civil), que no fue cumplido por los demandados Boccabella, pes sirvieron a la víctima alimentos portadores de una toxina que le causó la muerte (art. 1198, CCiv.). (C. Civ y Com, La Plata, 9/7/1965, "Demaría, A. M. v. Restaurante Abruzzese y otro", JA 1965-V-120 y LL 119-383).
“Al ofrecer al público una lista de platos, el hotelero se obliga a suministrar comida sana y nutritiva. Para cumplir su prestación debe alimentar al cliente y no envenenarlo o dañar su salud. De tal modo que si este resultado no querido se produce, es al propietario del restaurane a quien corresponde acreditar la concurrencia de una causal de irresponsabilidad” (C. Civ y Com, La Plata, 9/7/1965, "Demaría, A. M. v. Restaurante Abruzzese y otro", JA 1965-V-120 y LL 119-383).
“Incontrovertido ya que las distintas víctimas sufrieran daños por la ingestión de arrollados de palmitos (y en el caso de Norma N. Delia "antipasto de palmitos") que se les sirvieran en las mesas del restaurante "Abruzzese" o que fueran adquiridos en el mismo para su traslado y degustación en domicilios particulares (Carriquiriborde, Curto), es dable observar que, aunque con matices levemente diferenciales, existió una relación contractual entre dichas víctimas y los propietarios del restaurante” (C. 1ª Civ. y Com., La Plata, sala III, 27/10/1983, “Caprarella de Hernández Bardi, Beatriz v. Boccabella, José y otro”, LL 1985-D-28).
“Es indudable que la figura del propietario de restaurante que en forma profesional y habitual prepara y crea platos de comida empleando en su elaboración ya materias primas o componentes extraídos de la naturaleza o fabricados directamente por él, ya componentes (condimentos, sustancias aditivas, o alimentos) producidos y suministrados -en forma onerosa o gratuita- por terceros, ha de ser tipificado como la de fabricante o elaborador de productos para el consumo, pues obvio es, que resulta diferente la venta -por caso- del mero palmito, que la de platos como el arrollado de palmitos y langostinos o el antipasto de tal vegetal que -contándolo entre uno de sus elementos- son cosas distintas (conf. Salerno, M., "Responsabilidad de fabricante por productos elaborados", E. D., t. 95, p. 784). Es decir que bien puede suceder que, por un lado, se tenga la figura del fabricante de palmitos envasados (sujeto que quedó ajeno a este juicio) y por otro lado la figura artesanal del elaborador de platos de comida que entre sus elementos contenga palmitos” (C. 1ª Civ. y Com., La Plata, sala III, 27/10/1983, “Caprarella de Hernández Bardi, Beatriz v. Boccabella, José y otro”, LL 1985-D-28).
“El dueño del restaurante, ese fabricante o elaborador de platos de comida para el consumo y cualquiera sea el contrato por el cual los comensales acceden a su consumo (contrato innominado, compraventa, locación de obra, etc.) promete una comida, sino nutritiva, al menos sana e inocua y no nociva o dañina para la salud. Dicha promesa conlleva algo más que el ofrecimiento de la mera prestación o deber principal de la relación contractual consistente en la elaboración y suministro de un plato de comida. A su lado, o mejor dicho aún, en su misma base como que en este tipo de contrato está ligado en forma sustancial a la prestación principal y hasta las partes lo han presupuesto, hay un deber accesorio (de aquellos que según Díez Picazo "integran y ensanchan el contenido de la prestación principal y forman de manera inmediata una parte esencial de ella" -en "Fundamentos del derecho civil patrimonial", vol. 1, p. 371, Ed. Tecnos, 1972-), de seguridad que recae sobre las espaldas del propietario del restaurante y que consiste en su obligación de garantizar a sus comensales la bondad o inocuidad de los alimentos suministrados, preservándolos de toda consecuencia dañosa que derive de su consumo normal” (C. 1ª Civ. y Com., La Plata, sala III, 27/10/1983, “Caprarella de Hernández Bardi, Beatriz v. Boccabella, José y otro”, LL 1985-D-28).
“La exigencia va mucho más allá, hasta exigir -como resultado- que no se altere la salud e integridad de ese acreedor (…) (conf. Mazeaud-Tunc, "Responsabilidad civil", 1-I, trad. 5ª ed.). De allí que baste para acreditar su transgresión, la sola presencia del daño vinculado causalmente con el consumo del alimento elaborado en el restaurante (arts. 520 y 903, CCiv.)” (C. 1ª Civ. y Com., La Plata, sala III, 27/10/1983, “Caprarella de Hernández Bardi, Beatriz v. Boccabella, José y otro”, LL 1985-D-28).
“Los daños sufridos por el usuario o consumidor a raíz del vicio de fabricación de un producto encuadran dentro de la categoría de inmediatos y necesarios y que, por lo tanto, el art. 520 CCiv. proporciona el sustento legal de la extensión de su resarcimiento (López Cabana y Lloveras, "Responsabilidad civil del industrial", E. D., t. 64, p. 562)” (C. 1ª Civ. y Com., La Plata, sala III, 27/10/1983, “Caprarella de Hernández Bardi, Beatriz v. Boccabella, José y otro”, LL 1985-D-28).
“Como fabricantes o elaboradores de las comidas que brindan a sus comensales con tal ingrediente nocivo no pueden eximirse frente a ellos por la demostración de que la toxina botulínica que portaba el plato de comida tenía su origen fuera del restaurante y por responsabilidad del fabricante o expendedor de los palmitos” (C. 1ª Civ. y Com., La Plata, sala III, 27/10/1983, “Caprarella de Hernández Bardi, Beatriz v. Boccabella, José y otro”, LL 1985-D-28).
“El interés primordial que anima a la pretensión resarcitoria y el rubro que en mayor medida contribuye a tallar su cuerpo, vienen dados por la petición de reembolso de los daños que el actor deberá afrontar frente a las víctimas, de ganar firmeza el pronunciamiento que anticipáramos en el voto precedente. En ese accionar regresivo; en ese volver sobre sus propios pasos del actor y que los demandados, a su vez, prolongan hacia quienes fueron sus antecesores en el tráfico de los palmitos, el encadenamiento -al menos en el punto de unión de cada uno de sus eslabones- es típicamente contractual. Contratos de compraventa se enlazan unos tras otros por una hebra primera que entreteje todo el entramado que se extiende desde el fabricante hasta los consumidores finales (éstos, en el caso, ya por un contrato de compraventa, ya por uno innominado)” (C. 1ª Civ. y Com., La Plata, sala III, 27/10/1983, “Caprarella de Hernández Bardi, Beatriz v. Boccabella, José y otro”, LL 1985-D-28).
“En este caso del vendedor no fabricante del producto envasado, cuya actividad en el proceso socio-económico que enlaza al productor con el consumidor es la de mero transmisor a quien se le adquiere, no tanto por confianza en su conducta, sino, fundamentalmente, por la que inspira la marca del producto a cuya circulación él coadyuva, la cuestión es totalmente distinta. Su hacer o actividad (que como negocio de venta según Santos Briz "están vacías de sentido y sirven únicamente a un formalismo de transmisión" -ver "La responsabilidad civil", 2ª ed., p. 558-) se limita a la circulación de un producto cuyo proceso de elaboración le es totalmente ajeno, hallándose marginado y hasta imposibilitado de todo control sobre la calidad de la mercadería que al ser lanzada al mercado por su fabricante en latas envasadas al vacío, le exigen la abstención de toda averiguación y le permiten, tan sólo, un examen externo sobre el estado del envase y el tenor de las indicaciones impresas en su rótulo. Por ende, la buena fe que sirve de cuna al nacimiento de estos deberes secundarios de conducta, no puede exigir de estos vendedores -meros transmisores vehiculares del producto y desconocedores de su contenido- otra actividad que la de evitar la publicidad engañosa o deficiente del producto enlatado y la de cuidarlos, conservarlos y trasladarlos con la mejor diligencia y esmerada prudencia, de manera tal que no se llegue a perjudicar, disminuir, deteriorar o enviciar la calidad del elemento envasado y, consecuentemente, causar un daño en la salud del adquirente consumidor” (C. 1ª Civ. y Com., La Plata, sala III, 27/10/1983, “Caprarella de Hernández Bardi, Beatriz v. Boccabella, José y otro”, LL 1985-D-28).
“El deber contractual de garantía del vendedor no fabricante, mero transmisor vehicular del producto envasado, pesa sobre él con el contenido de una obligación general de prudencia y diligencia y que, en el particular, se expresa como la obligación de un examen externo "del estado de las latas de palmitos y del tenor de su rotulado, así como con un diligente cuidado, conservación y traslado del producto enlatado, a fin de evitar accidentes en la salud de los adquirentes consumidores. La buena fe contractual, no puede exigir más de estos ciegos eslabones del proceso de circulación. Salvo claro está que conocieran el vicio, debieran conocerlo por su oficio o profesión o hayan asumido expresamente una garantía de resultado por la mercadería vendida. Supuestos todos ellos que no se dan en autos” (C. 1ª Civ. y Com., La Plata, sala III, 27/10/1983, “Caprarella de Hernández Bardi, Beatriz v. Boccabella, José y otro”, LL 1985-D-28).
“Entendido ya que no se está frente a una obligación de resultado [refiriendose al vendedor no fabricante] como en los anteriores pleitos acumulados, sino ante una obligación general de prudencia y diligencia que para nada comprende la garantía por los defectos de fabricación o envase (por lo cual bien pudo ser sujeto pasivo de una demanda el o los fabricantes de los palmitos), la carga de probar la imprudencia o la negligencia pesa sobre la víctima, actora de estos obrados (art. 375, Cód. Procesal)” (C. 1ª Civ. y Com., La Plata, sala III, 27/10/1983, “Caprarella de Hernández Bardi, Beatriz v. Boccabella, José y otro”, LL 1985-D-28).
“Claro está, que si éstos [el fabricante] serían los directamente responsables de una defectuosa publicitación e identificación del producto, su autorización y cualidades (…), sus adquirentes, demandados de autos e intermediarios en su transmisión a los actores, no estarían exentos del reproche de ligereza y negligencia al comercializar y propender a la circulación de mercaderías alimenticias enlatadas, cuyas etiquetas -a través de las cuales se habla al público- eran mudas en cuanto a la autorización para su venta en el país e, incluso, en el caso de los palmitos "Guayaki" en cuanto a su sometimiento al respectivo análisis químico. Tales intermediarios no podían, ni debían cerrar los ojos ante tan defectuosa publicidad. Los arts. 67, 68, 932, 939, 940, 941 y concs. del Cód. Alimentario Argentino y los arts. 512 CCiv. y 207, 450 y concs. del CCom., así lo exigían” (C. 1ª Civ. y Com., La Plata, sala III, 27/10/1983, “Caprarella de Hernández Bardi, Beatriz v. Boccabella, José y otro”, LL 1985-D-28).
“Si es posible que sus vendedores al entregar las cajas precintadas hasta pudieron ignorar el contenido de las etiquetas (lo cual no los salva de su deber de control externo ya referido), los actores, o sus dependientes, de cara a las latas extraídas de sus respectivas cajas no pudieron pasar por alto tan significativas ausencias, que se erigía frente a ellos como un grito de alarma y prudencia (arts. 512 y 902, CCiv.)” (C. 1ª Civ. y Com., La Plata, sala III, 27/10/1983, “Caprarella de Hernández Bardi, Beatriz v. Boccabella, José y otro”, LL 1985-D-28).
“De todas maneras, prescindiendo de esta ligera posibilidad de un control interno en torno a la calidad de los palmitos por parte de los actores, partiendo nuevamente desde la franja en que situamos la responsabilidad de los demandados y terceros citados al proceso (control externo sobre la publicidad del producto) y, por ende, presuponiendo la ajenidad de todos ellos -incluido los Boccabella- al conocimiento de la existencia de vicios en el producto envasado, pero sabedores también de las deficiencias de rotulación ya señaladas, es posible aseverar que la responsabilidad por daños que hoy deben afrontar los propietarios del restaurante por servirse de dichos productos, no puede volcarse regresivamente sobre sus vendedores, como que la torpeza, el riesgo y hasta la temeridad de su actuar, les impide volver sobre sus propios pasos, "pasar una esponja" sobre lo ya actuado y compurgar sus culpas con las de aquéllos. La desproporción entre sendas culpas y el escaso campo que cubre la responsabilidad de los demandados, hace que la culpa de los actores absorba a la de los demandados. Y ello, porque la particular gravedad de su actuar, permite que, podamos decir que han consentido el daño, o, al menos, el riesgo que podía subyacer sobre la defectuosa publicidad (arts. 512, 902 y doc. art. 1111, CCiv. y conf. Mazeaud-Tunc, "Tratado teórico-práctico de la responsabilidad civil", 5ª ed., 2°, vol. II, p. 76)” (C. 1ª Civ. y Com., La Plata, sala III, 27/10/1983, “Caprarella de Hernández Bardi, Beatriz v. Boccabella, José y otro”, LL 1985-D-28).
“Convencidos de la mera condición de ciegos eslabones en el proceso de circulación que les cabe a los demandados -tal como ya lo expresáramos- la falta de prudencia que se les puede imputar a ellos y que los haría acreedores a las sanciones que estatuye el Código Alimentario Argentino (arts. 67, 68, 232, 239, Cód. citado y. arts. 3, 4 y 19, ley 18.284), no es excusa para que los actores (adquirentes a sabiendas de tales irregularidades de publicidad que no objetaron en su momento y que no les impidió incorporar el producto a sus platos de comida, asumiendo así el riesgo de aquellas deficiencias que el plato, no rotulado, ocultaba a sus consumidores) pretendan repetir de los primeros la indemnización de los daños que debieron afrontar ya ante sus comensales como consecuencia de la violación de una obligación contractual de resultado, ya ante los sucesores de algunos de aquéllos como consecuencia del daño causado por el vicio de la cosa […]” (C. 1ª Civ. y Com., La Plata, sala III, 27/10/1983, “Caprarella de Hernández Bardi, Beatriz v. Boccabella, José y otro”, LL 1985-D-28).
“La acción por daños y perjuicios derivados del consumo de un producto alimenticio es improcedente si no se acredita, ni en forma directa ni por vía de presunciones, la relación de causalidad entre la compra realizada en el local comercial de la demandada y la dolencia -en el caso, triquinosis- por cuyo resarcimiento se acciona” (C. Nac. Civ., sala K, 6/11/2000, "Botas Ruta, María A. v. Carrefour Argentina S.A.", RCyS, año III, Nº 2, Marzo - Abril de 2001, p. 176).
“Las omisiones que se observan en la ley de defensa del consumidor (Adla, LIII-D, 4125) generan la necesidad de resolver los problemas de responsabilidad por daños -en el caso, por consumo de un producto alimenticio- según el régimen del derecho común que exige la concurrencia de la totalidad de los presupuestos de la responsabilidad civil, esto es: la antijuricidad, el factor de atribución y la relación de causalidad adecuada” (C. Nac. Civ., sala K, 6/11/2000, "Botas Ruta, María A. v. Carrefour Argentina S.A.", RCyS, año III, Nº 2, Marzo - Abril de 2001, p. 176).
“Si bien debe primar un criterio amplio cuando se trata de los derechos de consumidor frente al productor, fabricante, distribuidor o expendedor, y aun receptando la responsabilidad objetiva o por el riesgo de la cosa, siempre resulta indispensable la prueba concreta de la relación de causalidad entre el hecho y el daño que se alega -en el caso, triquinosis-, la que está a cargo del damnificado” (C. Nac. Civ., sala K, 6/11/2000, "Botas Ruta, María A. v. Carrefour Argentina S.A.", RCyS, año III, Nº 2, Marzo - Abril de 2001, p. 176).
“La accionada se agravia toda vez que el sentenciante considerara riesgoso el hecho de expender café, y resolviera indemnizar a la actora. Al respecto - y a mayor abundamiento - cabe señalar que si en esta responsabilidad contractual estuviera implicada una hipótesis de riesgo como la imagina el sentenciante, soy de la opinión de que una actividad puede ser peligrosa, aunque las cosas utilizadas sean en sí mismas inofensivas, pues el riesgo obedece aquí al impulso dado a aquellas y no a un atributo del objeto (conf, Zavala de González "Responsabilidad por Riesgo". Hammurabi. 2da edición. Bueno Aires 1997. p. 195 y siguientes). Una actividad puede ser riesgosa por las circunstancias en que esta se desarrolla, requiriendo de ser necesario algún tipo de control especial. Es decir, el hecho de vender café en sí no configura un riesgo, sin embargo en el presente caso, teniendo en cuenta las condiciones en que se desarrolla el penoso incidente, la empresa debió adoptar medidas de seguridad a los fines de evitar la producción de daños. Si el acceso al primer piso se hallaba con gran cúmulo de clientes y además en la planta superior existía un Festejo con niños, o bien las bebidas de infusión eran alcanzada a los clientes por personal del local que tomara los recaudos suficientes para no ocasionar daños o estas debían ser entregadas a los clientes de tal modo de no poder derramarse - por ejemplo, bien tapadas con algún tipo de precinto de seguridad” (C. Nac. Civ., sala D, 11/3/2003, "Herrero Morales, Daniela Florencia y otros v. Arcos Dorados SA Mc Donald's s/ daños y perjuicios", LL 2003-F-617, RCyS 2003- 638).
“La obligación de seguridad por parte del local debe garantizar no sólo que lo que el cliente consuma no le provoque ningún daño sino además velar por su integridad física mientras dure su permanencia allí” (C. Nac. Civ., sala D, 11/3/2003, "Herrero Morales, Daniela Florencia y otros v. Arcos Dorados SA Mc Donald's s/ daños y perjuicios", LL 2003-F-617, RCyS 2003- 638).
“En relación a la "culpa de un tercero por quien la empresa no es civilmente responsable" - alegada por la accionada al contestar demanda - como eximente del deber de reparar el daño, es dable resaltar que en la responsabilidad objetiva, el daño no puede producirse dentro del ámbito de incumbencias de la empresa, a efectos de aducirse útilmente una causa ajena” (C. Nac. Civ., sala D, 11/3/2003, "Herrero Morales, Daniela Florencia y otros v. Arcos Dorados SA Mc Donald's s/ daños y perjuicios", LL 2003-F-617, RCyS 2003- 638).
Que ante estas circunstancias fácticas resulta claro que aunque se aplicaran los limitados principios de exención de responsabilidad creados por la alzada - hecho del tercero que debe ser imprevisible e inevitable en los términos definidos a fs. 398 vta.- no existían fundamentos suficientes para condenar a la demandada en este caso en el cual no se presentaba relación de dependencia alguna entre la causante directa del daño y la empresa titular del local” (CSJN, 2/12/2004, Exp. H. 213. XXXIX, “Herrero Morales, Daniela Florencia y otros v. Arcos Dorados SA”, Fallos 327:5837).
“Que si bien es cierto que, conforme con el principio iura novit curia, los jueces no se encuentran vinculados por la calificación jurídica que las partes dan a sus pretensiones y pueden suplir el derecho mal invocado por aquéllas, ello es así en tanto no alteren las bases fácticas del litigio (Fallos: 256:147; 261:191; 300:1015; 313:915) o la causa petendi, todo lo cual ocurre en autos en que la pretensión, originariamente planteada desde la perspectiva de la teoría del riesgo (responsabilidad extracontractual), fue transformada en una acción de responsabilidad contractual basada en una obligación de seguridad con un factor de atribución objetivo que no ha sido suficientemente fundado en el pronunciamiento; máxime teniendo en cuenta que no se encuentra expresamente legislado y que, en definitiva, se trata de una interpretación judicial que pretende obligar al pago de una deuda en principio ajena a la demandada” (CSJN, 2/12/2004, Exp. H. 213. XXXIX, “Herrero Morales, Daniela Florencia y otros v. Arcos Dorados SA”, Fallos 327:5837).
“Si se prueba el vínculo entre el actuar –riesgoso, culposo, etc. de la demandada que no probó que se efectuaran los análisis pertinentes en cada alimento elaborado- y el menoscabo que experimentaron los accionantes con la intoxicación, y no se puede conocer a ciencia cierta cuál fue estrictamente la causa del daño, ello no será obstáculo para que los magistrados, a tenor de los elementos de convicción aportados y las circunstancias del caso, puedan dar por cierta la existencia de la relación causal, ya que por ser en extremo dificultosa su demostración, toca aligerar o flexibilizar las exigencias probatorias” (C. Nac. Com., sala B, 30/6/2003, "Sorace, Marta M. v. Coto C.I.C.S.A. y otro", LL 2003-F-768).
“Entre el cúmulo de circunstancias que pueden contribuir a la producción de un daño susceptible de inferirse al consumidor por productos elaborados, conceptualizados jurídicamente como toda cosa mueble natural o industrial destinada a la comercialización y en cuyo proceso de creación, transformación, desarrollo o preparación para su consumo o uso haya intervenido la actividad humana, cabe referir a los vicios derivados de una defectuosa conservación del producto hasta si entrega al cliente los cuales, por ejemplo, tienen que ver con la falta de recaudos apropiados que pueden ocasionar alteraciones de diversa índole (v.gr. variaciones de temperatura que incidan en la composición química de sustancias alimenticias)” (Juz. Prim. Inst. Civ. Com. y Min., III Circ., Prov. Río Negro, diciembre-2003, Expte. 19323-173-01, "D. L., J. P. v. S.A.I.EDL.P. s/ daños y perjuicios", firme, inédito).
“Los accionantes iniciaron su demanda bajo el reconocimiento expreso (...) de haber concurrido al local para adquirir allí salame casero, producto de la faena personal acometida por el nombrado. (…) Es evidente que al así proceder los interesados asumieron un riesgo que por su obviedad, no puede ser cargado a omisión alguna del ente controlador ni resulta acreditado en autos el nexo causal suficiente como para extraer el reproche que se formula” (C. 1ª Civ. y Com., San Nicolás, 5/2/2004, "Principiano, Roberto Pedro y otra v. Giacomossi, Raúl Faustino y otros s/ daños y perjuicios", elDial - AA1E86).
“Sucede entonces que el primer extremo que el actor debe probar es que el día signado en la demanda efectivamente concurrió al restaurante de la accionada y para ello no es dable coartar la libertad probatoria que debe reconocerse a quien sólo debe acreditar una circunstancia fáctica. En esta relación de ideas, si bien la factura fechada hubiese constituido un serio indicio de la presencia del actor en el establecimiento de la accionada, su no acompañamiento puede encontrar razones que justifiquen la mentada omisión y es exigible realizar en consecuencia una adecuada ponderación de todos los demás elementos arrimados al expediente” (C. Nac. Civ., sala H, 9/12/2004, "Naccas Martín Leonel v. Diquesur S.A. y otro s/daños y perjuicios”, Abeledo Perrot on line Nº 70038449; LL 2005-B-439).
“De conformidad a lo que resulta de las declaraciones transcriptas, y dado que no tengo elementos que me permitan suponer la mendacidad de cuatro testigos que han declarado bajo juramento, he de tener por cierto que el día 10 de diciembre de 1.999, el actor se encontraba cenando en el restaurante de la accionada y que sufrió el percance narrado en la demanda [ingirió dentro un pedazo de carne un elemento puntiagudo]. Evaluando luego: 1) la historia clínica acompañada de la que surge que el ingresó del reclamante al nosocomio acaeció el día siguiente -11 de diciembre de 1.999- (Sanatorio de la Trinidad), con diagnóstico de cuerpo extraño esofágico; 2) el estudio de tomografía que se le practicó el día 14 de diciembre, conforme la constancia de fs. 10, reconocido por la médico que lo suscribió a fs. 217del que se visualiza un elemento metálico lineal en la pared lateral izquierda del esófago del actor y 3) las constancias expedidas por los Dres. Decoud y Hevía agregadas fs. 8 y 9, reconocidas a fs. 218/9, entiendo que el actor logró probar la relación de causalidad entre el daño sufrido y el incumplimiento de la accionada en la prestación del servicio” (C. Nac. Civ., sala H, 9/12/2004, "Naccas Martín Leonel v. Diquesur S.A. y otro s/daños y perjuicios”, Abeledo Perrot on line Nº 70038449; LL 2005-B-439).
“De nada sirve la infundada alegación de la imposibilidad de que el elemento metálico llegase a la comida del actor en razón del método utilizado en la limpieza de las parrillas o por el modo en que están construidas, para soslayar la responsabilidad objetiva del empresario ante el daño efectivamente causado, fueren cuales sean las causas por la que el elemento ingresó en la comida que se le sirvió a la víctima. Vale decir que es improcedente alegar la falta de culpa cuando la responsabilidad es objetiva” (C. Nac. Civ., sala H, 9/12/2004, "Naccas Martín Leonel v. Diquesur S.A. y otro s/daños y perjuicios”, Abeledo Perrot on line Nº 70038449; LL 2005-B-439).“[La] insistencia en que la soldadura de plomo en cuestión provocaría contaminación pasa por alto que en autos se comprobó que tal extremo no es exacto” (C. Nac. Com., sala D, 28/12/2004, "Safar Retamar, María Elena y otros v. Industrias Alimenticias Mendocinas (ALCO) s/ ordinario", elDial - AA2829).
“A todo esto debe agregarse que en autos ha quedado acreditado que la contaminación por plomo se puede producir por muy diversos factores -no sólo alimentos-, tales como emanaciones, combustibles, pinturas, elementos de las tuberías de plomo, baterías (conf. informe del Dr. D´Aquino, v. fs. 5144); o bien, como se indicó en el informe del Instituto Nacional de Alimentos, además de alimentos y bebidas enlatadas, las fuentes de intoxicación suelen ser pinturas, juguetes de plomo, el agua de cañerías nuevas y otras (v. fs. 4245/48). Es decir que las fuentes habituales de contaminación no sólo son alimenticias, sino también ambientales (conf. informe del Dr. Roses, v. fs. 5128)” (C. Nac. Com., sala D, 28/12/2004, "Safar Retamar, María Elena y otros v. Industrias Alimenticias Mendocinas (ALCO) s/ ordinario", elDial - AA2829).
“Por su parte, en respuesta a ciertas impugnaciones al peritaje efectuado en autos, la Facultad de Farmacia y Bioquímica señaló que "la absorción del plomo presente en el agua es mayor que la del mismo metal presente en los alimentos sólidos" (fs. 8115); y más adelante dijo "si bien las vías de ingreso del plomo al organismo son variadas, el nivel actual del conocimiento científico no puede establecer la vía de origen del plomo hemático" (fs. 8121). Y en el mismo informe se enfatiza luego que "no es posible diferenciar el origen del plomo una vez introducido en el organismo" (fs. 8123)” (C. Nac. Com., sala D, 28/12/2004, "Safar Retamar, María Elena y otros v. Industrias Alimenticias Mendocinas (ALCO) s/ ordinario", elDial - AA2829).
“De manera que si, por vía de hipótesis, se pensara en la eventual configuración de un daño, este podría haber sido causado por otros factores, por lo que faltaría aún la prueba del nexo de causalidad entre el daño y el producto de la demandada, conexión que no ha sido acreditada fehacientemente. No cabe silenciar aquí un dato que surge de autos y que, en el contexto de que se trata, podría resultar significativo, consistente en que los actores tienen juicios similares contra otras empresas alimenticias, basados en presupuestos análogos (v. fs. 4208, 5016, 5023, 5024 vta.)” (C. Nac. Com., sala D, 28/12/2004, "Safar Retamar, María Elena y otros v. Industrias Alimenticias Mendocinas (ALCO) s/ ordinario", elDial - AA2829).
“La prueba preconstituida tiene eficacia relativa y debe ser admitida con criterio restrictivo por afectar el principio de contradicción respecto de la prueba y el principio de inmediación” (C. Nac. Com., sala D, 28/12/2004, "Safar Retamar, María Elena y otros v. Industrias Alimenticias Mendocinas (ALCO) s/ ordinario", elDial - AA2829).
“Por lo demás, coincido con los argumentos de la juez en punto a que se perciben en el caso indicios de una acción preconfigurada, tal vez alentada por expectativas inciertas, para lo cual se procuró construir una base probatoria sin dar oportunidad de intervención a los demandados, invocando publicaciones y disposiciones extranjeras y dando por supuestos hechos que debían quedar sujetos a comprobación” (C. Nac. Com., sala D, 28/12/2004, "Safar Retamar, María Elena y otros v. Industrias Alimenticias Mendocinas (ALCO) s/ ordinario", elDial - AA2829).
“Se vulneraría el propósito de las leyes de política alimentaria y de consumo, en detrimento del consumidor. Prueba acabada de lo señalado es que, al cabo de estas actuaciones, se ignora quién lo fabricó, a pesar de la garantía que de la demandada dice ofrecer, a través de su Departamento de Control de Calidad” (C. Nac. Civ., sala J, 22/9/2005, "Zubiria, María del Carmen v. Día Argentina S.A.", RCyS 2005-XII, 117).
“El allanamiento ordenado a fs. 14 del comercio ubicado en Avenida Triunvirato 3980/85 de Capital Federal, conforme el cual se produjo el secuestro de cajas o paquetes de galletitas marca "Tartost Crackers" (el mismo que fuera denunciado por la actora como contaminado y causante de su intoxicación) el 29 de marzo de 2000 (es decir, casi dos meses después de la fecha de intoxicación indicada por la accionante) (ver fs. 22, 26 y 27), y su posterior peritaje químico, dio resultado positivo en cuanto a la presencia de contaminantes. Puntualmente, a fs. 30, 37/38, consta un informe de la Dirección de Protección Alimentaria Departamento de Fiscalización, en el que se consignó que: "En las galletitas analizadas se comprobó la existencia de hidrocarburos parafínicos lineales y ramificados similares a los constituyentes de los combustibles comerciales” (C. Nac. Civ., sala J, 22/9/2005, "Zubiria, María del Carmen v. Día Argentina S.A.", RCyS 2005-XII, 117).
“Coincidentemente, a fs. 44 de dicha causa, y fs. 123/133 de autos, consta un informe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, emanado de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria en el que se concluye que el producto en cuestión se encontraba "contaminado" (C. Nac. Civ., sala J, 22/9/2005, "Zubiria, María del Carmen v. Día Argentina S.A.", RCyS 2005-XII, 117).
“La conducta asumida (…), más allá de la confianza que les haya podido inspirar el comercio donde los adquirieron, no deja de representar una evidente falta de precaución y prudencia, en cuanto compraron y consumieron los indicados productos alimenticios envasados en frascos de vidrio que carecían de la correspondiente etiqueta identificatoria, la cual, si bien es cierto que aún cuando las hubieran tenido no implicaba la absoluta garantía de esterilidad de los productos envasados, sí permitía válidamente suponerla al consignarse en la misma datos tales como la identificación de su fabricante, la correspondiente habilitación pública para hacerlo que tenía, fecha de envasado y de vencimiento, características del producto, forma de conservación etc. y en definitiva referencias que hacen a la confiabilidad que normalmente cualquier comprador le atribuye a un producto cuyas particularidades antes indicadas aparecen detalladas en la etiqueta respecto a otro que no las consigna. En este sentido la atribución del porcentaje del 20% de culpa que a causa de ello les atribuye el decisorio, en orden a la apreciación integral de la conducta de todos los participantes en el hecho dañoso, resulta prudente y razonable (arts. 1111, 1113 y conos., CCiv., 165, 375, 384 y conos., CPC)” (C. Civ. y Com. Quilmes, sala I, 14/12/2006, "De Carli, Carlos A. y otros v. Cabases, Javier y otros", LLBA 2007-junio-586).
“El decisorio apelado en cuanto considera responsable a la recurrente, se encuentra ajustado a derecho y debe ser confirmado. Enmarcó para ello al presente caso en decisión que no mereciera reparo alguno por las partes, dentro del ámbito de la responsabilidad objetiva que contempla la disposición de los arts. 1113 CCiv. y 40 de la ley 24.240. Dio en este sentido por acreditada la compra de los alimentos contaminados en el comercio de los Cabases y su toxicidad en atención a los dichos del testigo Mujica quien rápidamente detecto la existencia de una presumible intoxicación, identificando los hongos ingeridos y los frascos que luego se comprobó contenían la toxina botulímica tipo A , lo cual derivó en la actuación municipal de inspección en el comercio expendedor, en la que se comprobó la existencia de otros frascos similares que carecían de etiqueta y fueran incautados, todo lo cual resultaba confirmado por la absolución ficta del pliego de posiciones glosado a fs. 956, en que incurrieran aquéllos (véase fs. 608/609, fs. 127/128 y 131 de la causa penal apiolada N° 14.156, art 415 del CPC)” (C. Civ. y Com. Quilmes, sala I, 14/12/2006, "De Carli, Carlos A. y otros v. Cabases, Javier y otros", LLBA 2007-junio-586).
“Más allá de la habilitación que tenia Cultivos del Sur para explotar champiñones frescos, participó en forma directa y/o a través de los otros terceros codemandados en la producción, distribución y/o participación económica de la comercialización. de los escabechados provocadores del daño aquí invocado y por ende su responsabilidad civil emerge de la preceptiva de los arts. 3°, 40 y concds. de la recordada ley 24.240. Al no haber demostrado eximición de su responsabilidad fuera de la atinente al porcentaje de culpa atribuida por el fallo a los actores, cuya entidad como anteriormente se evaluara resulta razonable, el recurso debe ser rechazado confirmándose el decisorio en esta parte (arts. 1111, 1113 y conos. CCiv., 375, 384 y conos. del CPC)” (C. Civ. y Com. Quilmes, sala I, 14/12/2006, "De Carli, Carlos A. y otros v. Cabases, Javier y otros", LLBA 2007-junio-586).
“Esta sala tuvo oportunidad de resolver que el poder de Policía que ejerce el Estado no puede llevar al extremo de hacerlo responsable por hechos de particulares realizados sin su conocimiento y mucho menos sin intervención de sus órganos o dependencias, como en este caso ocurriera debido a que la actividad desarrollada no se encontraba autorizada a través de la correspondiente habilitación y registración sanitaria del organismo competente, dado que el mismo no garantiza —ni puede hacerlo— que sus leyes no han de ser violadas en perjuicio de terceros. Nunca el ejercicio de ese poder, puede neutralizar absolutamente la comisión de actos y precisamente en función de tal tesitura, se echa de ver que para que surja la responsabilidad debe haberse incurrido en la omisión de un concreto servicio razonablemente exigible (esta sala en causas 1524, 7947 y 8224), que en este caso no se da, habida cuenta que el control sanitario preventivo que le competía ejercer a la Provincia respecto a este tipo de productos, obviamente comenzaba a partir de la correspondiente registración sanitaria de quienes lo producían o del momento en que tomaran conocimiento de la existencia de establecimientos dedicados irregularmente a esa tarea, pues lo contrario supondría que tal poder de policía conformaría una actividad abstracta o genérica y en la práctica imposible de concretar” (C. Civ. y Com. Quilmes, sala I, 14/12/2006, "De Carli, Carlos A. y otros v. Cabases, Javier y otros", LLBA 2007-junio-586).
“[Resulta un] despropósito (…) hacer responsable al Estado en sentido lato o como se dijera indeterminado o genérico por omisión de control sanitario respecto a productos no registrados cuyos autores ilícitamente sustraen a su conocimiento precisamente para evitar su inspección como en el caso ocurriera (arg. arts. 43, 1074 y 1112 CCiv.). La pretendida responsabilidad que se enrostra a la Provincia no emana de conductas positivas, sino de eventuales omisiones y por ello no puede entenderse que el mentado poder de policía que configura una obligación de medios se transforme en una de resultados, máxime cuando la falta de servicio debe relacionarse con una obligación o deber concreto y no en uno que opere en dirección genérica o difusa” (C. Civ. y Com. Quilmes, sala I, 14/122006, "De Carli, Carlos A. y otros v. Cabases, Javier y otros", LLBA 2007-junio-586).
“Resulta impropio en el presente caso atribuirle responsabilidad al Estado provincial por omisión en el ejercicio del poder de policía como se pretende, a lo que debe agregarse además, que como anteriormente se dijera, la responsabilidad del Estado —como toda responsabilidad— está limitada, y su atribución debe responder a criterios de razonabilidad, a los cuales no se ajusta el fallo atacado al imponer la condena atacada, pues implicaría responsabilizar a la Provincia por todos los hechos similares en los que no tuviera una participación directa ni se demostrara la relación causal entre el daño y ese acontecimiento” (C. Civ. y Com. Quilmes, sala I, 14/12/2006, "De Carli, Carlos A. y otros v. Cabases, Javier y otros", LLBA 2007-junio-586).
“En este contexto, la posible liberación del fabricante no puede llegar solo por una demostración de su “ausencia de culpa”, sino por la comprobación de la “ausencia de causalidad” entre la cosa fabricada y el daño. Adviértase que toda la pugna probatoria entre las partes se plantea más en el plano de la causalidad que en el de la culpabilidad: el damnificado debe probar que su daño le ha sido causado por el vicio de fábrica presente en el producto elaborado que lo dañó, lo cual es definitivo para fijar la responsabilidad del fabricante más allá de la existencia de culpa. A su vez, éste último debe procurar acreditar que ha quedado rota la relación causal entre el daño y la cosa que aparentemente lo comprometía (conforme autor y ob. cit., ps. 273)” (C. Nac. Com., sala A, 13/2/2007, "Z., J. v. Expocarne S.A. s/ daños y perjuicios, Abeledo Perrot on line Nº 35010881).
Surge, pues, con claridad, la responsabilidad del fabricante vendedor. Como se coincide en doctrina, quien pone su marca en la cosa o servicio, sea o no el verdadero productor o fabricante, importador, distribuidor, proveedor, etc., "responde solidariamente con éstos frente al consumidor por los daños resultantes del riesgo o vicio de la cosa o de la prestación del servicio" (Pizarro, Ramón D., Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa, LL 2006-II-372/373). La responsabilidad de quien pone su marca tiene como antecedente a la Directiva de la Comunidad Económica Europea 85/374 del 25/7/1985. En el derecho norteamericano, la solución es semejante” (C. Nac. Civ., sala H, 23/8/2007, "Greenberg Lapid, Clara Graciela v. Coto CICSA s/ daños y perjuicios", elDial - AA410A).
“Narran que en ocasión de una reunión familiar su hijo al comer un postre denominado "Danonino" comenzó a ahogarse; se desvaneció; ante los auxilios del caso se logro que vomitara lo que estaba ingiriendo siendo en tales circunstancias que junto con el alimento eyecto "una especie de tuerca del tamaño de una moneda". Encartan en el reclamo a los fabricantes y comercializadora del producto antes mencionado y sus aseguradoras. Al momento de trabarse la litis los accionados son Mastellone Hnos. S.A., Lácteos Longchamps S.A. y Danone S.A. (fabricantes), Los Purretes S.A. (comercializadora) y sus aseguradoras” (C. Civ y Com de Moron, sala II, 21/8/2008, “N.,C.A. v. L. P. S.A. y otros” Abeledo Perrot on line N° 70050121).
“La dinamización de responsabilidad en función de la teoría objetiva requiere por parte de la victima la prueba indudable del nexo causal entre el hecho y los daños; es la necesaria relación que debe existir entre los perjuicios que se dicen sufridos y el hecho antecedente; lo actuado por el demandado debe ser la causa de los daños que el actor invoca; sin la existencia de tal relación de causalidad no puede establecerse responsabilidad alguna ni en función del 1113 , Código de Vélez, ni en base a principio o norma de ninguna índole; ello por cuanto prescindiendo del nexo o relación causal no sólo se estaría consagrando una obligación sin causa, en contraposición a lo dispuesto por el art. 499 CCiv. sino que se ingresaría en el terreno de la arbitrariedad ajeno a todo principio de equidad del cual el derecho debe nutrirse” (C. Civ y Com de Moron, sala II, 21/8/2008, “N.,C.A. v. L. P. S.A. y otros” Abeledo Perrot on line N° 70050121).
“Con tal pericia tengo por acreditado que: a.- El "Danonino" se elabora en una maquina especial totalmente cerrada en acero inoxidable y con atmósfera controlada. b.- Se realizan controles de calidad tanto en la materia prima como en las etapas de elaboración. c.- Cada 30 minutos de la etapa de elaboración se realizan controles de diversa índole tanto de la maquinaria como del producto. d.- El objeto agregado con la demanda es una tuerca para ajuste manual siendo su material una aleación de aluminio; examinada y peritada la envasadora constato que todas las arandelas y tuerca de la misma son de acero inoxidable y los picos dosificadores tienen un diámetro inferior en 12 mm al que tiene aquel objeto. e.- La introducción dolosa de un objeto extraño en el pote, haría necesaria la apertura de la puerta de protección y ante ello la maquina se detendría en forma inmediata” (C. Civ y Com de Moron, sala II, 21/8/2008, “N.,C.A. v. L. P. S.A. y otros” Abeledo Perrot on line N° 70050121).
“En efecto, aunque el servicio contratado fue prestado, en el sentido que los alimentos encargados fueron entregados en el tiempo y lugar que se había previsto, lo cierto es que ese servicio no reunía los requisitos mínimos de calidad exigibles para su idoneidad. Sería irrisorio pretender que la obligación de la demandada se agotaba con la entrega de la mercadería, con prescindencia del estado de los alimentos y el peligro potencial que ellos implicaban para la salud. Y ése es, precisamente, el extremo fáctico que consuma el incumplimiento contractual. Sobre esa base corresponde admitir la reparación del daño emergente, tal como dispuso el a quo, en el cual cabe incluir el precio pagado por los servicios deficientemente prestados” (C.N. Com., sala C, 10/10/2008, “Consejo Federal del Notariado Argentino v. Pau Cy S.R.L.”, JA 2009-I-549.)
“A mi modo de ver, dentro de la normativa vigente, parece razonable encuadrar la cuestión sub lite en el ámbito de aplicación del art. 40 de la ley 24.240, sobre cuyos alcances estimo del caso realizar ciertas precisiones. Si bien la citada disposición no indica el carácter de la responsabilidad del fabricante, ni de los restantes sujetos que menciona como virtuales partícipes en la comercialización de los productos hasta su destinatario final, parece razonable situarla en la órbita contractual, en tanto la relación de consumo de que habla hoy el art. 42 de la Constitución Nacional se despliega a través de una suerte de cadena de contratos sucesivos —incluidos actos jurídicos unilaterales como sería, v. gr., una oferta vinculante—, en una secuencia que se extiende desde que el producto es lanzado al mercado hasta llegar al consumidor. En sintonía con esta idea sugiere Farina hablar de una responsabilidad negocial, a la que atribuye iguales alcances (ver Juan M. Farina, "Defensa del consumidor y del usuario", Astrea, Buenos Aires, 2004, p.451)” (C. Nac. Com., sala C, 29/5/2009, “Verettoni, Daniel A. v. Viuda de Menoyo e Hijos S.A.”, DJ 25/11/2009, 3380).
“En la especie, el incumplimiento contractual se encuentra acreditado por el testimonio de Paola Vanesa Larre (…) y el informe de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (…), de los cuales se desprende que el paquete de orégano adquirido tenía en su interior un roedor muerto. (C. Nac. Com., sala C, 29/5/2009, “Verettoni, Daniel A. v. Viuda de Menoyo e Hijos S.A.”, DJ 25/11/2009, 3380).
“En cambio no parece atendible la pretensión dirigida contra el codemandado Rosales. Aún recurriendo a la responsabilidad objetiva del fabricante con fundamento en la ley de defensa del consumidor (art. 40, ley 24.240), o en los arts. 1113 y 2164 CCiv., la causa del daño en el hecho sub lite resulta ser ajena al vendedor del producto, pues deriva exclusivamente del hecho del fabricante. En efecto, no existe controversia en punto a que el producto en cuestión se comercializaba cerrado al vacío, lo que impedía al vendedor conocer los vicios o defectos ocultos en el interior del envase del producto. En ese contexto, el hecho del tercero (Viuda de Menoyo S.A.) se proyecta con peso suficiente como para desplazar la imputabilidad causal que generaría la responsabilidad del codemandado Rosales. Y, desde luego, tampoco se ha comprobado que hubiera habido culpa o negligencia de su parte” (C. Nac. Com., sala C, 29/5/2009, “Verettoni, Daniel A. v. Viuda de Menoyo e Hijos S.A.”, DJ 25/11/2009, 3380).
“En efecto, no ha sido objeto de crítica idónea el argumento relativo a la falta de constancias que acrediten que el roedor se encontraba dentro del paquete de orégano cerrado. No es cierto que del informe de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria surja que el ratón se introdujo en el envase de orégano con anterioridad a su apertura por el actor. De aquél informe se desprende con meridiana claridad que "no está dentro de las posibilidades de nuestro laboratorio responder a las preguntas sobre si la muerte del animal fue anterior al cierre del envase, tiempo que estuvo en contacto con el mismo, o si la ingesta del contenido del paquete podría haber producido enfermedad", toda vez que el Departamento de Laboratorio de Investigación y Monitoreo de la Dirección de Protección de Alimentos (Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria) limita su actividad a determinar si la muestra de alimento analizada se encuentra o no contamina de conformidad con lo dispuesto en el Código Alimentario Argentino. En el mismo sentido se expidió la Dirección de Programas y Capacitación del mismo ente, que si bien identificó la clase de roedor de que se trataba (mus musculus) aclaró que las causas de la muerte del animal y lo relativo a si éste se introdujo en el paquete antes o luego del cierre no podía determinarse puesto que "el mismo llegó ya abierto, razón por la cual tampoco puede determinarse cuanto tiempo estuvo el animal en contacto con el producto" (ver fs. 266, in fine)” (C. Nac. Com., sala C, 29/5/2009, “Verettoni, Daniel Arturo v. Viuda de Menoyo e Hijos S.A.”, DJ 25/11/2009, 3380 (del voto del Dr. Ojea Quintana).
“En suma, queda claro que el actor no pudo acreditar que el roedor se encontraba en el paquete de orégano cerrado” (C. Nac. Com., sala C, 29/5/2009, “Varettoni, Daniel Arturo v. Viuda de Menoyo e Hijos S.A.”, DJ 25/11/2009, 3380 (del voto del Dr. Ojea Quintana).
“Disconforme con tal pronunciamiento, el Estado Nacional interpuso el recurso extraordinario de fs. 826/833, el que fue concedido por el a quo a fs. 843, en cuanto se halla en juego el alcance, la interpretación y la validez de normas de carácter federal. Sostiene que la sentencia es injusta al imputarle una responsabilidad basada en el ejercicio del poder de policía sobre una sustancia que no es un medicamento ni un alimento, razón por la cual no "debía" ser fiscalizada por el organismo técnico encargado de verificar y autorizar las drogas y productos farmacéuticos incluidos en la ley 16.463 y su decreto reglamentario, como tampoco la actividad "podía" ser fiscalizada, dado que el Laboratorio Huilén y su director técnico la desempeñaban en forma clandestina. En tal sentido, alega que el laboratorio no tenía nueva habilitación, pues funcionaba en su domicilio original -el último autorizado por el Ministerio- y el nuevo domicilio se encontraba en trámite. Al margen de ello, pone de relieve que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), como ente descentralizado del ex Ministerio de Salud y Acción Social, creada por el decreto 1490/92 con la finalidad de otorgar las autorizaciones para la fabricación y la venta de todos los medicamentos y formas farmacéuticas, tampoco estaba obligada a ejercer la fiscalización y el control sobre productos como el mencionado, por no tratarse de un medicamento ni de un alimento. Señala que el propóleo, al ser una resina natural creada por las abejas para construir colmenas, no es un producto que se aplique o prescriba en la medicina humana y, en consecuencia, tampoco se encuentra contemplado en la Ley de Ministerios ya que, si bien era utilizado por sus consumidores para la prevención de enfermedades, no es una droga farmacéutica ni especialidad medicinal que se relacione con la salud” (CSJN, 20/10/2009, “Parisi de Frezzini, Francisca v. Laboratorios Huilén y otros”, Fallos 332:2328 (del dictamen de la Procuradora General que la Corte hace suyo).

 


Powered by FerozoSiteProvided by Dattatec